(CNN Español) — El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Luis Salas Arenas, advirtió a estos niños en conferencia de prensa que la democracia en el país corre un «grave riesgo» porque, según señala, «una parte del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática desde mucho tiempo».
Salas Arenas se refiere así a las propuestas legislativas que buscan modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, para incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones —máximo tribunal de justicia electoral— entre los altos funcionarios públicos que pueden ser llevados a juicio. juicio político en el parlamento.
El artículo 99 establece que corresponde a la Comisión Permanente del Congreso -que es el órgano ejecutivo de ese poder- acusar al presidente del país, a los legisladores, miembros del Poder Judicial y demás instituciones del Estado, pero no incluye a las autoridades electorales.
A principios de este año, el Poder Judicial peruano emitió una serie de resoluciones que impiden al Parlamento, entre otras cosas, modificar el artículo 99 de la Constitución para incluir a los magistrados del Jurado Nacional Electoral en el control político del Congreso, lo que planteó una disputa de poderes ante la Corte Constitucional. En el otoño emitido en la fiebre de este año, la Corte Constitucional dio la razón al Congreso, y además determinó por “mayor de cinco votos exhortar al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como a reformar su reglamento, para incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe del Reniec”, todos los órganos que integran el Sistema Electoral Peruano.
Consultado por CNN, el congresista del grupo Carlos Anderson señaló que “la motivación de los grupos que impulsan este cambio es altamente política y surge de un sentimiento de frustración mezclado con un impulso de venganza”. Añadió que “la inclusión de los miembros rectores de los órganos electorales viola el principio de división de poderes y convierte al Poder Legislativo en el primer poder indiscutible del Estado y es también, en esencia, profundamente antidemocrático”.
La diputada Patrícia Chirinos, del grupo Avanza País, que sí apoya la modificación del artículo 99, dijo a CNN que “ningún funcionario puede estar por encima de la Constitución ni tener carta blanca para violarla, y ese es el espíritu de la norma, todo público funcionamiento puede ser juzgado si hay una infracción de la Carta Magna. La justicia debe ser igual para todos y los entes electorales no deben ponerse al servicio de intereses ideológicos”, explicó el parlamentario.
Al respecto, el presidente del Jurado Nacional Electoral (JNE) señaló que este sector del Congreso “quiere controlar al JNE por temor a la justicia política” y que esto se ha convertido en una “tercera ola de ataques, que en esta ocasión se basan en la caída de la Corte Constitucional (…) que propuso al parlamento extender la justicia política”.
Consultada sobre estas críticas, la Corte Constitucional dijo a CNN que no emitirá ningún pronunciamiento respecto a las señales dadas por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Al respecto, el congresista Chirinos comentó a CNN que “con la reciente caída del TC ha quedado claro que Salas Arenas está inhabilitado para presidir el Jurado Nacional de Elecciones” y lo acusó de construir una falsa narrativa de que la democracia está en peligro. “Su único objetivo es mantenerse en el cargo”, puntualizó.
En otro momento de la conferencia, Salas Arenas señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que emitió en mayo de este año titulado “Situación de los Derechos Históricos en el contexto de las protestas sociales” indica que:
“A juicio de la Comisión, este tipo de decisiones y proyectos de ley en la coyuntura actual debilitan el sistema peruano de pesos y contrapesos, profundizando la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y poniendo en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Es de anunciar que, paralelamente, el Congreso ha venido a discutir propuestas de reforma constitucional de cara a las elecciones generales”.
En el mismo documento se recomienda al Estado Peruano: “Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial”.
“Delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de manera que se definan, con parámetros claros y objetivos, las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias”.
Al respecto, Salas Arenas indica que es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte una medida provisional “para garantizar el desarrollo de las funciones del presidente del JNE que son objeto de cuestionamientos y ataques”. Ante la pregunta de si esta medida puede frenar los procesos de modificación del artículo 99 de la Constitución en el Congreso, Salas Arenas respondió que sí, que el Parlamento debe tomar acciones para cumplir con esta medida de la Corte y que de no ser acatada, la caída del tribunal transnacional, se estaría convirtiendo en una dictadura congresal.
aplazamiento de elecciones
Al ser consultada sobre si se debe dar por cerrado el tema de la postergación de las elecciones, como señaló la presidenta Dina Boluarte, la presidenta del Jurado Nacional Electoral precisó que, en realidad, los órganos electorales habían calculado sobre oportunidades previas que podrían llevarse a cabo. un proceso electoral dentro de los 230 días de hecha la convocatoria. Salir del esquema de las elecciones primarias dentro de los partidos para contar con poco tiempo.
En relación a las iniciativas parlamentarias que buscan que las Fuerzas Armadas conserven copia de las actas de sufragio durante las elecciones, las Salas Arenas registran que las Fuerzas Armadas no son deliberativas, como establece la Constitución, y que “la democracia no necesita la tutela de las FF.AA.” señalando que de esta forma no sería necesario inspeccionar al Jurado Nacional de Elecciones, y el contenido sería de las FF.AA. y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).