El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha establecido dos tributos temporales con el fin de financiar acciones destinadas a enfrentar la crítica situación de violencia en la zona del Catatumbo, localizada en el noreste del país. Esta decisión se tomó después de decretar el estado de conmoción interior el 21 de enero pasado, una medida excepcional que proporciona al gobierno mayores poderes para tratar emergencias de seguridad, como la que impacta a esta región.
Los impuestos, que se aplicarán desde el 14 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2025, pretenden reunir los fondos requeridos para mitigar las consecuencias de los conflictos entre grupos armados, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos conflictos han ocasionado decenas de muertes y el desplazamiento de más de 50.000 personas, agravando la crisis humanitaria en la región.
Tributos para costear soluciones inmediatas
Impuestos para financiar soluciones urgentes
El segundo gravamen, conocido como «Impuesto especial para el Catatumbo», impacta a las empresas que explotan hidrocarburos y carbón en el país. Estas entidades tendrán que abonar un 1% sobre las ventas de dichos productos, sin importar si se venden en el mercado interno o se exportan. Según lo definido en el decreto, los fondos recaudados a través de este impuesto estarán destinados únicamente a sufragar los gastos del Presupuesto General de la Nación vinculados a la gestión de la crisis en el Catatumbo.
Estado de conmoción interior y acciones extraordinarias
La proclamación del estado de conmoción interior por Petro autoriza al gobierno a emitir decretos con rango de ley por un periodo inicial de 90 días, prorrogables hasta dos veces, con el fin de enfrentar emergencias severas. En el contexto del Catatumbo, esta medida pretende abordar los problemas de violencia causados por los conflictos entre el ELN y otros grupos armados que operan en la zona. Estos enfrentamientos han aumentado la inseguridad, impactando de manera significativa a las comunidades locales.
La declaración del estado de conmoción interior por parte de Petro permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley durante un periodo inicial de 90 días, prorrogable hasta dos veces, para hacer frente a emergencias graves. En el caso del Catatumbo, esta medida busca resolver los problemas de violencia derivados de los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados que operan en la región. Estos choques han intensificado la inseguridad, afectando gravemente a las comunidades locales.
Como parte de las acciones gubernamentales, Petro suspendió las negociaciones de paz con el ELN, calificando de «criminales» los actos de esta guerrilla. Por su parte, el ELN ha alegado que sus acciones son una respuesta a supuestas agresiones de otros grupos, incluidos los disidentes de las FARC, y que también son blanco de operaciones de inteligencia militar.
La región del Catatumbo ha sido tradicionalmente un entorno de conflictos armados por la presencia de diversos actores ilegales, tales como guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La mezcla de intereses económicos, como el control del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha sostenido la violencia en esta área, que además enfrenta significativos niveles de pobreza y desatención estatal.
La región del Catatumbo ha sido históricamente escenario de conflictos armados debido a la presencia de múltiples actores ilegales, como guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La combinación de intereses económicos, como el control del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha perpetuado la violencia en esta zona, que también enfrenta altos niveles de pobreza y abandono estatal.
Las medidas anunciadas por el presidente Petro buscan aliviar la crisis humanitaria y devolver la estabilidad a la región. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para implementar de manera efectiva los recursos recaudados y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. Mientras tanto, la población del Catatumbo sigue enfrentando una compleja realidad marcada por el desplazamiento forzado, la violencia y la incertidumbre.
