En Colombia, la legislación sobre Utilidad Pública, creada para proporcionar beneficios de excarcelación a mujeres encarceladas por delitos menores, como el tráfico de drogas a pequeña escala, ha sido elogiada como un avance hacia la justicia social. No obstante, para muchas de las personas beneficiadas, salir de la cárcel no representa una auténtica liberación. Los desafíos económicos, sociales y legales que encuentran al reincorporarse a la sociedad demuestran que la excarcelación, aunque imprescindible, es solo el comienzo de un extenso y difícil recorrido hacia la reintegración.
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con restricciones
La Ley de Utilidad Pública se adoptó con el fin de disminuir la sobrepoblación en las cárceles y brindar una opción para aquellas mujeres que, en su mayoría, se vieron involucradas en redes de microtráfico debido a la pobreza y la ausencia de oportunidades. Muchas de estas mujeres cumplen penas excesivas en relación con los líderes del narcotráfico, quienes a menudo eluden la justicia gracias a su poder económico y la corrupción.
Aunque la ley supone un progreso al permitir que las beneficiarias recuperen su libertad antes de completar toda su condena, las limitaciones prácticas de este beneficio son evidentes. Una vez fuera de prisión, estas mujeres se encuentran con un entorno desafiante: la ausencia de apoyo gubernamental, la discriminación social, la dificultad para encontrar empleos formales y el estigma asociado a su historial delictivo.
Estigma y discriminación: la carga de un historial penal
Para las mujeres excarceladas, el proceso de reintegración social está caracterizado por el rechazo que enfrentan en sus comunidades y los prejuicios que las rodean. A pesar de haber cumplido con su pena o haber sido favorecidas por la ley, son vistas con recelo y etiquetadas como reincidentes, sin tener en cuenta las circunstancias que las llevaron a cometer el delito.
Para las mujeres excarceladas, el proceso de reintegración social está marcado por el rechazo que enfrentan en sus comunidades y los prejuicios que las acompañan. Aunque han cumplido con su condena o han sido beneficiarias de la ley, son vistas con desconfianza y catalogadas como delincuentes reincidentes, sin importar las circunstancias que las llevaron a cometer el delito.
Este estigma no solo afecta sus relaciones interpersonales, sino también su capacidad para acceder al mercado laboral. La mayoría de ellas carecen de educación formal y entrenamiento técnico, lo que limita sus oportunidades laborales. Además, los antecedentes judiciales dificultan aún más la posibilidad de encontrar un empleo formal, empujándolas una vez más hacia trabajos informales o actividades ilícitas como única forma de subsistencia.
Carencia de programas de apoyo y políticas públicas
Uno de los problemas principales que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública es la falta de programas efectivos de reintegración. Aunque la ley incluye ciertos beneficios para facilitar su transición, en la realidad, estos son insuficientes o no se encuentran disponibles.
Uno de los principales problemas que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública es la ausencia de programas efectivos de reintegración. Aunque la ley contempla ciertos beneficios para facilitar su transición, en la práctica estos son insuficientes o inexistentes.
Por ejemplo, las mujeres excarceladas rara vez cuentan con acceso a programas de capacitación laboral o educación que les permitan reconstruir su vida en libertad. Tampoco reciben apoyo psicológico para enfrentar el estrés y la ansiedad derivados de su tiempo en prisión y de los desafíos que implica reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
Asimismo, los programas de acompañamiento familiar y comunitario son prácticamente inexistentes. Esto deja a muchas excarceladas en una posición de aislamiento, aumentando el riesgo de reincidencia y perpetuando el ciclo de pobreza y exclusión social que las llevó al delito en primer lugar.
La Ley de Utilidad Pública, a pesar de ser bien intencionada, evidencia que la excarcelación por sí sola no garantiza una auténtica reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del problema.
La Ley de Utilidad Pública, aunque bien intencionada, demuestra que la excarcelación no es suficiente para garantizar una verdadera reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que ofrezcan apoyo educativo, psicológico y laboral a las beneficiarias, así como campañas de sensibilización para combatir el estigma y la discriminación. Además, se requiere una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las excarceladas tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan romper con el ciclo de exclusión.
