A un año de su aprobación, los gravámenes temporales a banca y energéticas vuelven a acaparar los titulares de las noticias. El Gobierno ha adelantado que tiene la intención de modificarlos para mantenerlos más allá de su periodo de vigencia —2022 y 2023—, aunque no ha aclarado aún el detalle de cómo los cambiará. Mientras tanto, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) vuelve a alertar sobre los problemas de su diseño: se aprobaron como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, y no como impuestos, una circunstancia que lleva a incumplir varios principios de la legalidad tributaria, como los de generalidad, capacidad económica e igualdad.
Aedaf ha presentado este miércoles el estudio Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias de la mano del profesor Miguel Ángel Martínez Lago, quien ha subrayado que la conformación de estos gravámenes supone una “huida del derecho financiero”. Se aprobaron a finales de 2022 —se presentaron como proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, y no como proyecto de ley del Ejecutivo— y el Gobierno alegó que su objetivo era contribuir al pacto de rentas en un momento de fuertes tensiones inflacionarias. Defendió que los beneficios extraordinarios conseguidos por la banca gracias a las subidas de tipos, y de las energéticas debido al repunte de los precios de gas y electricidad, justificaban la aplicación de un cargo excepcional a estos dos sectores.
Los dos gravámenes, sin embargo, ni se aplican a los beneficios ni son tributos, aunque sean tratados como impuestos en su “exacción, gestión, comprobación y recaudación”, señala el informe. Son “impuestos enmascarados” y “asistemáticos”, ha denunciado el docente en la presentación del estudio.
Lago ha criticado el uso “abundante” que se ha hecho de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario en los últimos años, al punto de generar una “caja” paralela significativa al margen de lo recaudado por impuestos, y ha manifestado su desconfianza hacia el Tribunal Constitucional, que ha venido amparando estas figuras.
Las principales compañías energéticas y el sector bancario también han impugnado los gravámenes que les afectan, pero Lago no cree que los recursos tengan recorrido. En este sentido, ha recordado que el Alto Tribunal ha avalado el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. “Habría que reivindicar el buen orden y la técnica jurídica”, ha zanjado.
2.900 millones de recaudación
El impuesto a las energéticas grava al 1,2% el importe neto de la cifra de negocios de las grandes empresas del sector, las que facturaron en 2019 más de 1.000 millones de euros. En su primer año de vigencia recaudó más de 1.600 millones de euros. En el caso de la banca, se aplica un 4,8% a los ingresos por comisiones y márgenes de intereses a aquellas entidades que facturaron más de 800 millones en 2019. Hasta el momento, ha ingresado unos 1.200 millones.
Recientemente, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Economía, Nadia Calviño, han hecho declaraciones acerca de un rediseño de ambas figuras, centradas en que el contexto económico ha cambiado. La misma normativa que aprueba los gravámenes contemplaba una evaluación de las dos figuras al final de su periodo de vigencia para decidir si mantenerlos o no, y el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar incide en que ambos tributos se revisarán para “readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”.
Esta misma semana, Montero reconoció que el impuesto a las energéticas tiene vocación permanente y que se rediseñará para tener en cuenta las inversiones que favorecen la transición verde: “El diseño de este impuesto era temporal, pero en los acuerdos a los que llegamos después de la conformación de esta investidura hemos trasladado que va a ser permanente, y eso requiere que este impuesto tenga algunos ajustes”.
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