Después de una larga suspensión por líos contractuales, disputas judiciales y falta de presupuesto, el Museo de la Memoria en Bogotá vuelve a encender motores con un plan escalonado: abrir una parte al público en 2027 y culminar el proyecto en 2029.
Una reactivación orientada a lograr efectos palpables en el corto y mediano plazo
Tras más de tres años de suspensión, el proyecto del Museo de la Memoria —gestionado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)— retoma su construcción con un plan que da prioridad a la habilitación de zonas fundamentales antes de su entrega completa. La propuesta plantea una apertura parcial del edificio hacia el cierre del primer trimestre de 2027 y, a partir de allí, continuar con las fases restantes hasta finalizar en 2029. La obra se ubica en el cruce de la carrera 30 con la avenida de Las Américas, un sector estratégico de Bogotá que permitirá el ingreso del público en cuanto entren en funcionamiento los primeros espacios.
El plan de reactivación inicia con la intervención de 5.277 metros cuadrados, cerca de un tercio del complejo, espacio suficiente para habilitar las primeras salas, zonas técnicas y servicios esenciales para los visitantes; esta ejecución por etapas no solo se ajusta a los tiempos presupuestales, sino que también atiende la urgencia de retomar el impulso de un proyecto que, por su simbolismo y valor cultural, ha acumulado expectativas de víctimas, organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, y con esta ruta de trabajo el CNMH pretende evidenciar progresos reales sin poner en riesgo la calidad ni la seguridad de la obra.
Qué se entregará primero y cómo funcionará la apertura gradual
La primera etapa de la nueva fase contempla completar el vestíbulo principal y los accesos exteriores, habilitar servicios al visitante —recepción, punto de información, tienda y cafetería— y abrir una sala inicial de exposiciones. Entre los contenidos previstos figura “Voces para transformar Colombia”, un hito curatorial que será eje del guion general del museo y que, tras el levantamiento de medidas cautelares por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contará con un espacio propio. Esta decisión judicial despejó un obstáculo clave: garantizar que los relatos y memorias incorporen pluralidad y participación efectiva de las víctimas.
En paralelo, se pondrán a punto áreas técnicas indispensables para la operación cotidiana: parte de los parqueaderos y zonas de soporte en el sótano, así como bodegas para preservar colecciones. El segundo piso incluirá otra sala expositiva y un conjunto de oficinas que permitirá al equipo del museo trasladar operaciones al edificio, fortaleciendo la presencia institucional in situ. La intención es que, con este “núcleo operativo mínimo”, el museo empiece a recibir visitantes y a realizar actividades públicas mientras continúan los trabajos en el resto del complejo.
Contenidos curatoriales y experiencias previstas en los primeros niveles
La programación expositiva planteada pretende articular experiencia, archivo y labor pedagógica, y en su primer nivel se propone activar espacios de fuerte simbolismo y arraigo comunitario, como el “Café para la paz”, un muro destinado a honrar la memoria de las personas víctimas de desaparición forzada y dispositivos participativos como las “constelaciones de la memoria”; estos elementos buscan generar un punto de encuentro entre memorias locales y relatos de alcance nacional, promoviendo prácticas de duelo, reconocimiento colectivo y diálogo ciudadano.
En el segundo nivel, la sala “Conflicto” presentará una línea de tiempo que abarca hitos desde finales de los años treinta, incluyendo las transformaciones en el campo, la aparición y evolución de diversos actores armados, la influencia del narcotráfico, el efecto sobre los liderazgos sociales y las etapas que desembocan en el Acuerdo de 2016. Esta organización no busca cerrar discusiones, sino brindar un soporte cronológico y documental que facilite a las audiencias comprender los procesos, detectar sus patrones y reconocer la diversidad de voces que integran la memoria del país.
Presupuesto, calendario y el contrato de obra actualizado
Para poner en marcha la reactivación se aseguró un paquete inicial de recursos. En 2025 ya están apropiados 21.000 millones de pesos, que, sumados a saldos del proyecto, completan alrededor de 37.000 millones para retomar frentes críticos. Para 2026 se proyectan otros 29.000 millones, con un costo total estimado en el entorno de los 100.000 millones para completar la construcción. Esta ingeniería financiera por vigencias permite avanzar por etapas y reducir la exposición a retrasos por disponibilidad de caja.
La ejecución del proyecto, que comprende unos 14.000 metros cuadrados de edificación, fue encomendada al Consorcio Memorial, conformado por Ossa López S.A.S., Telval S.A.S. y Bernardo Ancízar Ossa López. La elección de este contratista representa un giro respecto a la fase anterior, que concluyó con la retirada de la empresa española OHLA tras repetidos retrasos y la finalización del contrato en octubre de 2022, momento en el que la obra aún no lograba el nivel de avance previsto. El nuevo operador afronta el desafío con un diseño reorganizado en etapas y objetivos parciales verificables, lo que debería reflejarse en un control más estricto de los tiempos y los entregables.
Aclaraciones sobre la seguridad estructural y la sismorresistencia
Una de las controversias que acompañaron el proyecto surgió tras la filtración de un informe interno en 2023, el cual señalaba fallas en muros y concretos expuestos que, eventualmente, podrían comprometer la sismorresistencia. Desde la dirección del CNMH se ha restado validez a dicho documento, indicando que la evaluación técnica corresponde a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), entidad encargada de los principales proyectos de infraestructura del Estado y de supervisar técnicamente esta obra. Según la dirección actual, no existen reportes oficiales que corroboren problemas estructurales ni violaciones a la normativa sismo resistente.
En cualquier caso, la reactivación incorpora controles adicionales, revisiones de calidad y trazabilidad de procesos constructivos que buscan blindar el proyecto de cuestionamientos técnicos y garantizar el desempeño del edificio. Estos estándares serán auditables, un aspecto relevante para un museo que aspira a convertirse en referente nacional e internacional tanto por su contenido como por su arquitectura.
Intervención de las víctimas y verificación del guion museológico
El relanzamiento del proyecto se presenta junto con un compromiso claro hacia la participación social, y el CNMH indicó que tanto el plan como el guion museológico fueron renovados y actualmente atraviesan fases de validación con organizaciones de víctimas y diversos actores sociales, además de contemplar la aplicación de metodologías de trabajo en los territorios para que los seis espacios centrales del guion incorporen narrativas diversas, enfoques diferenciados y mecanismos de participación comprobables.
Esta ruta resulta esencial para afianzar la legitimidad del museo, ya que, al reconocer que la memoria del conflicto es múltiple y con frecuencia objeto de disputa, el proyecto asume el desafío de elaborar narrativas que no borren vivencias, que presten atención al uso del lenguaje y que impulsen interrogantes bien fundamentados. La exposición “Voces para transformar Colombia”, actualmente libre de restricciones cautelares, funcionará como el eje que articulará el relato integral del museo, enlazando memorias locales con una interpretación nacional del ciclo de violencia y de sus transiciones.
Aprendizajes derivados del pasado reciente y mejoras aplicadas a la gobernanza del proyecto
El Museo de la Memoria tiene una historia compleja desde su gestación. El diseño del edificio provino de un concurso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero el presupuesto estatal inicial no alcanzaba para materializar el proyecto ganador en su integralidad, lo que obligó a recortes y ajustes técnicos. La adjudicación de 2020 a OHLA por 64.000 millones derivó en atrasos persistentes, cierre de contrato y litigios cruzados: la empresa demandó por cerca de 23.000 millones alegando problemas de diseño y ejecución, mientras que la ANIM presentó contrademanda por unos 55.000 millones por supuestos incumplimientos y fallas de calidad. Estos procesos siguen su curso y podrían tomar tiempo en resolverse.
Para superar la parálisis, la ANIM y el CNMH realizaron un cierre legal y financiero que cuantificó el costo de reactivación cercano a los 100.000 millones, organizando un nuevo proyecto de inversión con vigencias 2025, 2026 y 2027. Además, se adoptó un esquema de hitos por fases y metas medibles, que permite mostrar avances sustantivos al público sin esperar la finalización total. Esta gobernanza por tramos busca minimizar riesgos y mejorar la coordinación entre supervisión técnica, interventoría y contratista.
Un museo comprometido con el servicio público y una memoria diversa
El sentido último del Museo de la Memoria no se agota en su arquitectura. Su valor radica en ofrecer un lugar para comprender el conflicto armado, dignificar a las víctimas y promover prácticas de no repetición. La apertura parcial en 2027 permitirá activar servicios al público, programación educativa y espacios de encuentro comunitario, aun mientras prosiguen las obras. Será también una oportunidad para pilotear contenidos, ajustar recorridos y fortalecer mediaciones pedagógicas con base en retroalimentación de visitantes y colectivos.
En esa línea, la curaduría procura evitar interpretaciones únicas o definitivas, y la incorporación de cronologías, archivos, relatos y mecanismos de participación pretende ofrecer a cada visitante recursos que le permitan comprender el pasado cercano y tomar posición ante sus dilemas éticos y políticos. El museo, entendido como un bien público, aspira a funcionar con criterios de transparencia, apertura al cuestionamiento y responsabilidad en torno a sus decisiones curatoriales y administrativas.
Perspectivas venideras y el rumbo previsto hacia 2029
Con la contratación en firme, recursos comprometidos y un plan por fases, el corto plazo se enfocará en obras civiles del vestíbulo y accesos, adecuaciones técnicas del sótano, terminación de la primera sala y el acondicionamiento del segundo nivel para la operación institucional. En paralelo, continuarán las validaciones del guion con organizaciones de víctimas y el diseño de experiencias museográficas que equilibren rigor histórico y accesibilidad para públicos diversos.
De mantenerse el cronograma, el museo iniciará operación parcial a inicios de 2027 y ampliará su oferta progresivamente hasta completar el edificio en 2029. Ese horizonte no elimina los retos —gestión de recursos, estabilidad de precios, coordinación interinstitucional—, pero ofrece un camino plausible para que el país disponga, por fin, de un espacio de memoria acorde con la magnitud de su historia reciente. La reactivación no solo destraba ladrillos y concreto: abre la puerta a un diálogo social pendiente que, con cuidado y pluralidad, puede convertir la memoria en una herramienta activa para la paz.
