(CNN Español) — El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009 – 2014) fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión y pagó una multa de más de US$19,2 millones al ser declarado responsable, junto a otras cuatro personas, del delito de capitales en el caso conocido como “Negocio Nuevo”, sobre la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, fue adquirido con fondos provenientes de contratos con el Estado que se manejaron de manera irregular.
En la sentencia, internada por el Órgano Judicial, la jueza Baloísa Marquínez ordena que el expresidente Martinelli deberá pagar al Tesoro Nacional de Panamá la multa de US$ 19.221.600,48 como pena accesoria en un plazo de 12 meses.
El exrepresentante deberá abonar esta cifra una vez cumplida la pena principal, que, según la sentencia, equivaldría al doble de la prestación económica, que se aseguraría recibir, y que se acreditaría debidamente.
Ricardo Martinelli, quien se presenta a la presidencia en las próximas elecciones generales de Panamá, que se realizarán en mayo de 2024, siempre ha dicho que es inocente y víctima de la persecución política.
En mayo, la Fiscalía panameña afirmó que en el caso “Novos Negócios”, que comenzó a investigarse en 2017, pudo identificar que la compra de acciones de Editora Panamá América, que publica diarios y revistas, está “mediando un esquema complejo en el que personas jurídicas y naturales, que realizan maniobras de estratificación financiera, a través de múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las que supuestamente recaudaron unos US$ 44 millones en 2010 en una cuenta en un banco offshore de nombre New Business Services Limited.
CNN intenta obtener la reacción de Martinelli, pero hasta el momento no tiene respuesta. Tampoco se obtuvieron comentarios de su voz, Luis Eduardo Camacho, ni de su abogado.
Camacho publicó un mensaje en sus redes sociales donde anuncia que “abogados y copartícipes analizan el agotamiento jurídico que pretenden hacer de un negocio jurídico privado, que no implica perjuicio patrimonial para el Estado, según indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, en delito inexistente. En las próximas horas habrá un pronunciamiento al país sobre las acciones políticas y judiciales a seguir”.